LA LEY HUMANITARIA Y LA LEY DE FINANZAS PUBLICAS

RESUMEN La aprobación del proyecto de Ley de Apoyo Humanitario su objetivo servirá para enfrentar las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se mantiene las medidas solidarias para el bienestar social y la reactivación productiva, pensiones educativas. La Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, aprobada por la Asamblea y que espera el veto del Ejecutivo, trae consigo una serie de reglas que previenen no solo un eventual despilfarro de los recursos de Gobierno central, sino el gobiernos autónomos, empresas públicas e incluso la Seguridad Social DESARROLLO Se incluirá cambios en el ámbito tributario, dentro de la Ley Humanitaria aprobada por la Asamblea Nacional. En las modificaciones, se tiene pensado incluir una disposición de adelanto de pagos de impuestos para quienes ganen más de 5000 dólares al mes. Además, de continuar buscando mecanismos para lograr generar la contribución de empresas y personas con altos ingresos. Los ingresos recaudados, serán destinados a cubrir proyectos de protección social y para el programa de créditos “Reactívate Ecuador”. Mecanismo que para el presidente de la Cámara de Comercio de Quito son cuestionables, porque a su parecer, se busca topar la liquidez de empresas y ciudadanos por falta de liquidez del estado. En caso de presentarse un veto parcial, la asamblea tendrá 30 días para tratar las objeciones de ejecutivo. A parte de este debate, la asamblea tiene la potestad de allanarse a lo aprobado, para ello debe proponer una votación superior al 70%. A través de varias herramientas y reglas -como control del gasto, techos al endeudamiento, un fondo de estabilización y límites a la reforma del presupuesto- busca que el Estado no vuelva a cometer los errores del pasado, explica José Hidalgo, director de Cordes. Señala que esta ley no está pensada para la actual coyuntura, en la cual más bien existe escasez de recursos; sino para el futuro. El texto legal contiene, por ejemplo, disposiciones sobre los ingresos y gastos denominados "permanentes" y también para los "no permanentes", así como referidas a la deuda púbica, que solo podrá ser del 40% del PIB. También se refiere a indicadores de equilibrio fiscal, como el resultado primario total y el resultado primario no petrolero. Para Hidalgo, una de las reglas fiscales más importante es la que establece un límite al crecimiento del gasto primario computable no solo para el presupuesto del Estado, sino para el resto del sector público. Se lo calcula con una referencia de varios años, para evitar el despilfarro de dinero público en casos en que haya ingresos extraordinarios de manera temporal. En cuanto al control del cumplimiento de las reglas, será el Ministerio de Economía (MEF) el que realice informes y, de encontrarse incongruencias, se informará a la entidad correspondiente para que haga los correctivos necesarios. Según la ley aprobada, los gobiernos de turno no podrán cambiar la composición del presupuesto, sino en 5% de lo aprobado por la Asamblea. En el periodo anterior, existía la posibilidad de incrementarlo hasta en un 15%. Esto trajo como consecuencia, que los presupuestos salidos de la Legislatura cambiaran diametralmente. Otro tema importante del texto es la creación de un fondo de estabilización con recursos no renovables, que podrían ser petroleros o mineros. La idea es que en caso de tener precios fuera de lo presupuestado, esos excedentes puedan alimentar un fondo que sirva para estabilizar la economía en tiempos de shock y para temas de educación y salud. Si bien en la ley se respeta las autonomías de los gobiernos seccionales y de la Seguridad Social, se establece que estos sectores, al igual que el Gobierno Central, deberán seguir una política de prevención, mitigación y gestión de riesgos fiscales. Todas estas instituciones deberán realizar sus propios documentos sobre riesgos fiscales e informar y cooperar con el ente rector de las finanzas públicas en esta materia. Sin embargo, en la ley se aclaró que la cooperación no tiene nada que ver con entregar recursos propios de las entidades autónomas. Wilma Andrade asambleista (ID), que fue una de las que pidió que se blinde la autonomía del IESS, considera que la aprobación de la ley permite delinear reglas macrofiscales claras, con parámetros de transparencia y coordinación entre entidades públicas y autónomas. Durante el debate la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas hubo acaloradas discusiones sobre el alcance de la política económica que propone el cuerpo legal, pues para unos (el oficialismo) resultaba necesario no solo por la crisis, sino por el control adecuado del uso de dinero público